La publicación del Real Decreto‑Ley 4/2025 en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de abril marca un hito en la política económica española. Esta norma, impulsada por la extraordinaria necesidad de atajar las nuevas barreras arancelarias anunciadas por Estados Unidos, articula un ambicioso paquete de medidas por valor de 14 100 millones de euros con el objetivo de blindar a nuestras empresas y relanzar nuestra presencia internacional.
Coincidimos en que la urgencia de la intervención decretada ante el desafío arancelario, no solo está justificada por la solidez contractual que España mantiene con sus socios estadounidenses —que en 2024 representaron cerca del 2,2 % de nuestro PIB y generaron más de 50 000 millones en exportaciones—, sino también por el carácter estratégico de los sectores más expuestos: automoción, agroalimentario, aeronáutico y bienes de equipo.
La llave de este Real Decreto‑Ley es su doble vertiente de protección inmediata y relanzamiento estructural. Por un lado, la creación de una línea estatal de avales de 5 000 millones de euros y el refuerzo de FIEM y CESCE mitigan las tensiones de liquidez y cubren los riesgos políticos y comerciales que, hasta ahora, padecían nuestras exportadoras. Complementariamente, la ampliación de los instrumentos del CARI mediante deuda pública proporciona a la banca un cauce estable para financiar las iniciativas de diversificación hacia mercados en Asia, África y Latinoamérica.
Recuperar la solvencia de las empresas
La suspensión temporal de la causa de disolución por pérdidas, que deja sin efecto las pérdidas acumuladas en 2020 y 2021, garantiza que las sociedades mercantiles puedan recuperar su solvencia sin la espada de Damocles de la desaparición automática. Esta suspensión —vigente hasta el cierre del ejercicio 2025— permitirá que empresas con proyectos viables en el largo plazo superen las recientes crisis sin ver truncada su actividad.
La asignación de los 14 100 millones respeta el principio de equilibrio territorial: comunidades como Andalucía y Galicia, cuyo tejido productivo agroindustrial y pesquero exporta un porcentaje relevante al mercado estadounidense, recibirán un refuerzo proporcional, mientras que Madrid y Cataluña, con su concentración de pymes y centros logísticos, contarán con líneas específicas de apoyo a la internacionalización digital y al comercio electrónico global.
Rendición de cuentas
En materia de rendición de cuentas, el Ministro de Economía se obliga a comparecer trimestralmente ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, desglosando los indicadores de ejecución: volumen de avales suscritos, proyectos financiados por FIEM, siniestralidad de CESCE y evolución de la diversificación exportadora por destino geográfico y sector. Este mecanismo garantiza la transparencia y evita la discrecionalidad política en la asignación de recursos ante el desafío arancelario.
Desde un punto de vista jurídico, la cobertura constitucional proviene del artículo 86 CE, que faculta al Gobierno a adoptar disposiciones provisionales en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. El Real Decreto‑Ley 4/2025 se ampara en esta urgencia para neutralizar, en tiempo real, el impacto arancelario que amenaza la competitividad de nuestras empresas.
Ampliaciones y reflexiones estratégicas
Adicionalmente, consideramos esencial vincular esta respuesta de corto plazo con una estrategia a medio y largo plazo que pase por:
- Fortalecer la cadena de valor nacional, impulsando políticas de “sourcing” local y clústeres sectoriales que minimicen la dependencia de proveedores estadounidenses en piezas críticas (chips, aeroestructuras, ingredientes agroquímicos).
- Potenciar convenios bilaterales de libre comercio que flexibilicen contingentes y eliminen aranceles compensatorios, combinando diplomacia económica con negociación en foros como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Alianza del Pacífico.
- Incentivar I+D+i en sectores estratégicos mediante deducciones fiscales adicionales y programas de cofinanciación público‑privada, para que la mejora continuada de procesos y productos sirva de barrera natural frente a los aranceles.
- Digitalizar la internacionalización, facilitando la adopción de plataformas de e‑commerce transfronterizo, formación en comercio digital y servicios de aduanas 4.0 que simplifiquen trámites y reduzcan tiempos de entrega.
El tejido productivo español
En definitiva, el Real Decreto‑Ley 4/2025 no es un parche coyuntural, sino el pilar de una política global que defiende nuestro tejido productivo hoy y sienta las bases para un comercio exterior más diverso, resiliente y tecnológicamente avanzado mañana. Este conjunto de medidas, junto con un compromiso decidido de todos los actores —empresas, administraciones autonómicas y agentes sociales—, convertirá este desafío arancelario en una oportunidad para reforzar la posición de España en el mercado global.
Asesoramiento en comercio internacional ante el desafío arancelario
Además de las medidas financieras y comerciales ya descritas, el Real Decreto‑Ley 4/2025 refuerza el apoyo a las pymes exportadoras mediante la creación de un programa específico de asesoramiento gratuito en comercio internacional. Este servicio, gestionado por ICEX y las Cámaras de Comercio, ofrecerá orientación en materia de aduanas, logística y normativa de los mercados destino, con especial atención a Asia-Pacífico y Oriente Medio, regiones que experimentan un crecimiento sostenido de la demanda de productos españoles.
Se ha habilitado igualmente una línea de formación subvencionada para directivos y mandos intermedios, centrada en gestión de riesgos geopolíticos y financieras derivadas de barreras arancelarias. Estos cursos permitirán a las empresas diseñar estrategias de cobertura de divisas, contratos forward y seguros de crédito a la exportación más competitivos.
Observatorio de políticas comerciales internacionales
Para garantizar un seguimiento riguroso de la evolución de los aranceles, el Ministerio de Industria ha activado un observatorio de políticas comerciales internacionales, en colaboración con universidades y centros de pensamiento estratégicos. Este observatorio publicará trimestralmente un informe de impacto sectorial con recomendaciones de actuación.
Por último, en el ámbito diplomático, España reforzará su presencia en foros multilaterales y negociará cláusulas de “claw‑back” en los futuros acuerdos con terceros países, de modo que cualquier imposición arancelaria excesiva pueda dar lugar a sanciones compensatorias inmediatas. De esta forma, el decreto busca no solo mitigar el golpe inicial, sino también blindar a la economía española frente a futuras tensiones comerciales.