Uno de los debates más intensos en el ámbito jurídico y profesional en los últimos años es la llamada “pasarela al RETA”. Se trata de una posible reforma legislativa que permitiría a miles de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales colegiados que cotizan en mutualidades alternativas trasladarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), integrando sus derechos económicos y accediendo al sistema público de pensiones.
La cuestión no es menor: afecta directamente a la sostenibilidad de la previsión social de colectivos enteros, al equilibrio financiero de las mutualidades y, sobre todo, a la protección social futura de quienes han confiado durante décadas en este modelo alternativo.
Breve contexto normativo
La alternatividad surge de la Disposición Adicional 15ª de la Ley 30/1995, hoy recogida en la Disposición Adicional 18ª de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta norma permitía a determinados profesionales colegiados optar por cotizar al RETA o hacerlo en una mutualidad de previsión social de carácter alternativo, siempre que esta hubiera sido creada antes de noviembre de 1995.
En la práctica, la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de Procuradores o la de Arquitectos, entre otras, se configuraron como una vía privada de previsión social, eximiendo a sus miembros de cotizar al RETA.
Con el paso de los años, sin embargo, muchos mutualistas se han encontrado con una realidad incómoda: las pensiones derivadas del sistema de capitalización individual que gestionan estas mutualidades son, en numerosos casos, notablemente inferiores a las que obtendrían en el RETA. De ahí la presión creciente para habilitar un mecanismo de transición.
El proyecto de pasarela: situación parlamentaria
En noviembre de 2024, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso una Proposición de Ley de modificación de la LGSS, orientada a crear esta pasarela. Tras ser admitida a trámite en mayo de 2025, el texto se encuentra actualmente en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se han sucedido prórrogas en el plazo de enmiendas, fijándose como fecha límite el 24 de septiembre de 2025.
Aunque el proyecto cuenta con un apoyo inicial muy amplio, su tramitación avanza con lentitud, en medio de intensas negociaciones y un debate técnico-jurídico complejo.
Claves jurídicas de la propuesta
El borrador de reforma incluye medidas de gran alcance, entre ellas:
- Eliminación progresiva de la alternatividad: desde el 1 de enero de 2027, la mayoría de nuevos profesionales autónomos colegiados quedarán automáticamente encuadrados en el RETA.
- Incremento de la cobertura mínima en mutualidades: las aportaciones pasarán del 80 % de las cuotas RETA actuales al 100 % en 2027.
- Creación de una pasarela voluntaria al RETA:
- Podrán acogerse quienes estuvieran en la mutualidad a 31 de diciembre de 2022, en activo y sin ser pensionistas.
- Se permitirá transferir los derechos acumulados en la mutualidad al RETA, lo que implicará un encuadramiento obligatorio e irreversible en el sistema público.
- El cálculo de los periodos reconocidos tendrá en cuenta las bases mínimas que habrían correspondido en el RETA, actualizadas al IPC y ajustadas con un coeficiente corrector.
Retos profesionales y jurídicos de la transición
El paso de miles de mutualistas al RETA plantea cuestiones críticas:
- Equidad intergeneracional
¿Cómo garantizar que quienes han aportado durante décadas a una mutualidad no vean devaluados sus derechos al integrarse en el RETA? - Sostenibilidad financiera
La salida masiva de mutualistas podría impactar en la viabilidad de estas entidades, afectando a quienes prefieran mantenerse en el modelo alternativo. - Seguridad jurídica
La reforma debe articularse de modo que respete los derechos adquiridos y evite litigiosidad, especialmente en materia de pensiones y prestaciones. - Compatibilidad profesional
Muchos mutualistas reclaman mayor flexibilidad para compatibilizar pensión y ejercicio profesional, algo que el RETA ya permite bajo ciertos supuestos. - Asesoramiento especializado
Los profesionales que estudien acogerse a la pasarela necesitarán información clara, comparativa y personalizada sobre el impacto en su futura jubilación y en su situación tributaria.
Posiciones en el debate
- Colegios profesionales y Abogacía Española: apoyan la reforma, alertando de que muchos mutualistas percibirán pensiones hasta un 30 % inferiores a las del RETA.
- Mutualidades alternativas: defienden un tránsito ordenado, voluntario y con garantías de sostenibilidad, solicitando que el fondo individual de cada mutualista permanezca bajo su gestión hasta la jubilación.
- Expertos en Derecho Laboral y de la Seguridad Social: como la expresidenta del Tribunal Constitucional Mª Emilia Casas, subrayan que la pasarela debe ser extraordinaria, voluntaria y temporal, garantizando ayudas transitorias y un diálogo institucional continuo.
El papel de abogados y procuradores en este escenario
Para abogados, procuradores y otros profesionales jurídicos, este debate no es ajeno: nos afecta directamente como potenciales mutualistas y como asesores de clientes.
La eventual aprobación de la pasarela exigirá:
- Análisis jurídico riguroso de las condiciones de transferencia de derechos.
- Defensa de intereses colectivos desde colegios y consejos profesionales.
- Asesoramiento individualizado para cada mutualista, en función de edad, cotizaciones acumuladas y expectativas de jubilación.
Entre la libertad de elección y la protección social
La pasarela al RETA es una reforma de gran calado, llamada a redefinir el sistema de previsión de miles de profesionales en España. Su aprobación debe equilibrar tres principios básicos:
- Equidad, para no penalizar a quienes han confiado en las mutualidades.
- Sostenibilidad, para garantizar la viabilidad de ambos sistemas.
- Seguridad jurídica, para ofrecer certezas a los mutualistas en un tema tan sensible como la jubilación.
En un contexto político incierto, el papel de la abogacía laboralista y de los procuradores especializados será esencial: acompañar, asesorar y defender a los profesionales en este proceso de transición. Porque, más allá de la técnica jurídica, está en juego la protección social futura de toda una generación de autónomos colegiados.
Preguntas y respuestas sobre la pasarela al RETA
¿Qué es exactamente la pasarela al RETA?
Es un mecanismo legal que permitirá a los mutualistas alternativos (abogados, procuradores, arquitectos, etc.) trasladarse al RETA, transfiriendo los derechos acumulados en su mutualidad a la Seguridad Social.
¿Quién puede acogerse a la pasarela?
Profesionales en activo que estuvieran en la mutualidad a 31 de diciembre de 2022, que no sean pensionistas y que carezcan del periodo mínimo para jubilarse en la Seguridad Social.
¿Es obligatorio cambiar al RETA?
No. La pasarela es voluntaria. Cada mutualista decidirá si quiere permanecer en su mutualidad o trasladarse al sistema público.
¿Qué pasa con quienes se pasen al RETA?
Una vez se produzca la transferencia, quedarán encuadrados de forma obligatoria e irreversible en el RETA para la actividad que motivó el cambio.
¿Se perderán los derechos en la Mutualidad?
No se pierden, sino que los derechos económicos acumulados se transferirán a la Tesorería General de la Seguridad Social y se convertirán en años cotizados, según un cálculo regulado.
¿Cuándo dejará de existir la alternatividad?
Si la reforma se aprueba en los términos actuales, a partir del 1 de enero de 2027 los nuevos colegiados deberán incorporarse al RETA obligatoriamente.
¿Qué ventajas tiene acogerse al RETA?
Principalmente, acceder a pensiones más altas, cobertura completa de la Seguridad Social y posibilidad de complementos a mínimos.
¿Qué riesgos existen?
El cálculo de los años cotizados y las condiciones de transición todavía no están cerrados, lo que genera incertidumbre sobre el valor real de los derechos transferidos.