Las modificaciones introducidas por la Ley 7/2024 y el Real Decreto-ley 9/2024 representan un cambio significativo en el marco legal que rige las relaciones laborales y la Seguridad Social en España. Estos ajustes no solo afectan a los aspectos económicos y fiscales, sino también a los derechos de los trabajadores y las obligaciones de las empresas.

En un contexto económico incierto, las nuevas normativas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección social de los trabajadores, mientras que también proporcionan a las empresas las herramientas necesarias para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado laboral. Estos cambios obligan tanto a las entidades empresariales como a los profesionales del sector a mantenerse informados y preparados para una implementación eficiente de las nuevas medidas.

Suspensión de la pensión de incapacidad permanente por actividad laboral

Una de las reformas más significativas es la suspensión de las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez si los beneficiarios realizan una actividad laboral que requiera su alta en el régimen de la Seguridad Social. Este cambio afecta tanto a la gestión de pensiones como a la veracidad del grado de incapacidad.

La continuidad del complemento por gran invalidez, que cubre la contratación de una persona que atienda al beneficiario, se mantendrá. Sin embargo, el INSS podrá revisar el grado de incapacidad, y la pensión no se reanudará hasta que se cese la actividad laboral.

Actualización de bases de cotización y pensiones contributivas

El Real Decreto-ley 9/2024 establece una revalorización de las pensiones contributivas del 2,8% respecto a su importe de diciembre de 2024. La base mínima de cotización se incrementará conforme al salario mínimo interprofesional, y las bases máximas aumentarán un 4%. Este ajuste se alinea con las políticas fiscales y de cotización para el sostenimiento del sistema.

Además, la cotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasará a ser en 2025 del 0,80%, distribuidos entre empresa y persona trabajadora, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 43ª LGSS. 

Al mismo tiempo, se prorroga la vigencia del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, que fija el SMI para 2024, hasta que se apruebe el real decreto que lo fije para 2025. 

Ampliación del compromiso de mantenimiento del empleo en ERTE

Se amplía la obligación de las empresas de mantener el empleo tras aplicar un ERTE y recibir exoneraciones en las cotizaciones sociales. Ahora, deberán garantizar la estabilidad laboral entre seis meses y dos años después de finalizar el ERTE, lo que refleja un mayor compromiso con la protección del empleo y los derechos laborales de los trabajadores afectados por crisis económicas.

Restricciones al despido para empresas con ayudas públicas

Las empresas que reciban subvenciones públicas debido a la crisis derivada de la invasión de Ucrania estarán sujetas a restricciones de despido. No podrán realizar despidos objetivos relacionados con el incremento de los costes energéticos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Otras medidas destacadas

Además de las modificaciones anteriores, el Real Decreto-ley 9/2024 introduce ajustes en las pensiones contributivas y amplía hasta el 30 de junio de 2025 los ERTE vinculados a situaciones excepcionales, como la erupción volcánica de La Palma. También se amplían los aplazamientos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, lo que facilitará la solvencia de las empresas afectadas por crisis puntuales.

Impacto práctico de estas medidas

Las reformas afectan tanto a las empresas como a los trabajadores. En el ámbito laboral, es crucial que los empresarios comprendan las implicaciones de las nuevas restricciones al despido, el mantenimiento del empleo y la suspensión de pensiones para evitar posibles sanciones.

Para los trabajadores, la revalorización de las pensiones y las nuevas bases de cotización reflejan una oportunidad para mejorar la seguridad social a largo plazo, especialmente para aquellos en situaciones de incapacidad.

Para aquellos que gestionen el ámbito empresarial o laboral, es recomendable contar con asesoría legal especializada que facilite el cumplimiento de estas reformas, garantizando que tanto empresas como trabajadores se adapten correctamente a los nuevos desafíos que marca 2025. ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!

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