Desde la modificación de determinadas obligaciones formales en el IRPF hasta el refuerzo del control tributario sobre los medios de pago digitales, pasando por incentivos fiscales ligados a la transición energética o la prórroga de importantes exenciones, 2026 se configura como un año clave desde el punto de vista jurídico y fiscal.

A continuación, analizamos las principales novedades desde una perspectiva legal y práctica.

Mayor control tributario sobre los pagos digitales: Bizum y la información bancaria a la Agencia Tributaria

Una de las medidas más relevantes en materia de control fiscal es la obligación de las entidades financieras de suministrar información a la Agencia Tributaria sobre los cobros realizados mediante Bizum por empresarios y profesionales establecidos en España.

Conviene aclarar un aspecto esencial desde el punto de vista jurídico: no se verán afectados los pagos entre particulares, sino exclusivamente aquellos cobros vinculados a una actividad económica.

¿Qué información se comunicará?

• Los bancos remitirán información mensual y acumulada por cada empresario o profesional.
• No se informará operación por operación, sino del volumen total de ingresos percibidos.
• La finalidad es reforzar la lucha contra el fraude fiscal y garantizar la correcta tributación de ingresos generados a través de medios de pago digitales.

Esta medida se enmarca en una tendencia clara hacia el incremento de las obligaciones informativas, que afecta directamente a autónomos y empresas, y que exige una adecuada planificación fiscal y contable para evitar contingencias futuras.

La subida fiscal al diésel: una exigencia europea pendiente de culminarse

Otro de los compromisos clave que España debe cumplir a comienzos de 2026 es el incremento de la fiscalidad del diésel, uno de los hitos recogidos en el PRTR.

La medida, orientada a equiparar progresivamente la tributación del diésel a la de otros carburantes más gravados, ha encontrado importantes dificultades políticas para su aprobación en el Congreso. Ante esta situación, la Comisión Europea concedió un plazo adicional de seis meses, estableciendo como fecha límite finales de enero de 2026.

Desde el punto de vista jurídico, este incremento afectará tanto a consumidores como a empresas con flotas de vehículos, por lo que será determinante analizar su impacto en costes, deducibilidad y planificación fiscal.

Prórroga de los incentivos fiscales a la eficiencia energética hasta el 31 de diciembre de 2026

En el ámbito de la transición ecológica, Hacienda ha prorrogado una serie de deducciones fiscales muy relevantes vinculadas a la mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios.

Estas medidas, directamente relacionadas con el PRTR, permiten aplicar deducciones en el IRPF de:

• Hasta el 20% por obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración.
• Hasta el 40% si se mejora el consumo de energía primaria no renovable.
• Hasta el 60% en actuaciones de rehabilitación energética integral de edificios residenciales.

Desde un punto de vista legal, resulta fundamental cumplir estrictamente los requisitos técnicos, temporales y documentales exigidos para poder aplicar estas deducciones sin riesgo de regularización posterior por parte de la Administración.

Vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga: beneficios fiscales ampliados

Las ventajas fiscales vinculadas al vehículo eléctrico también se prorrogan hasta finales de 2026. En concreto:

• Se mantiene la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible.
• La deducción se extiende a la instalación de puntos de recarga.

Además, en el ámbito empresarial, se prorroga la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para:

• Vehículos nuevos eléctricos (BEV), híbridos enchufables (PHEV), de pila de combustible (FCV) y otras modalidades sostenibles.
• Nuevas infraestructuras de recarga.
• Instalaciones de autoconsumo eléctrico o de uso térmico con energías renovables.

Estas medidas tienen un impacto directo en la planificación fiscal de empresas y profesionales, especialmente en sectores con alta inversión en movilidad o energía.

‘Verifactu’: la facturación verificable se aplaza hasta 2027

El sistema Verifactu, impulsado por la Agencia Tributaria en el marco de la Ley Antifraude, tenía prevista su entrada en vigor en 2026. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado un aplazamiento de un año mediante real decreto.

Nuevas fechas clave

• 1 de enero de 2027: obligatorio para empresas con facturación inferior a seis millones de euros.
• 1 de julio de 2027: obligatorio para más de 3,4 millones de autónomos.

Este aplazamiento no elimina la obligación, sino que concede un margen adicional para la adaptación tecnológica y jurídica de los sistemas de facturación, un aspecto que conviene no posponer para evitar sanciones futuras.

Los perceptores de prestaciones por desempleo quedan exentos de presentar el IRPF

Una de las novedades más relevantes en materia de obligaciones formales es la supresión definitiva de la obligación de presentar la declaración del IRPF para los perceptores de la prestación por desempleo.

Inicialmente, el Gobierno había aplazado esta exigencia para el ejercicio 2024, pero finalmente, según recoge el Boletín Oficial del Estado, se ha optado por eliminarla con carácter general.

La razón jurídica es clara:
evitar que una norma del ámbito social, como la Ley General de la Seguridad Social, altere las obligaciones tributarias, lo que refuerza la seguridad jurídica de los beneficiarios de estas prestaciones.

Exenciones fiscales por incendios forestales y la dana de 2024

Finalmente, se mantienen y amplían las exenciones fiscales aplicables a las ayudas recibidas por:

• Los afectados por los incendios forestales del verano pasado.
• Las personas, profesionales y empresas damnificadas por la dana de octubre de 2024.

Estas ayudas estarán exentas tanto en IRPF como en Impuesto sobre Sociedades, y se extienden también a:

• Autónomos.
• Empresas.
• Entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas.

Desde el punto de vista jurídico, estas exenciones resultan esenciales para garantizar que las ayudas cumplan su finalidad reparadora sin generar una carga fiscal añadida.

Un año clave para la planificación fiscal y jurídica: Medidas fiscales 2026

El año 2026 se presenta como un ejercicio decisivo que exigirá una correcta interpretación normativa, una adecuada planificación fiscal y, en muchos casos, asesoramiento profesional especializado para evitar riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo marco legal.

En este contexto, la figura del Procurador de los Tribunales adquiere una relevancia creciente como garante de la seguridad jurídica y del correcto encaje procesal de los conflictos que puedan surgir en materia tributaria y administrativa. ¡No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo!

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